Expulsiones comunitarias

Desalojo a comunidad Quilmes



(AW) Fue un descomunal procedimiento policial, el jueves 17, en la localidad de Colalao del Valle, Tucumán. Intervinieron más de cien policías provinciales. Entre tanto, se desarrollaba en la vecina provincia de Salta, el 9º campamento latinoamericano de jóvenes organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena.




Cafayate, Salta, miércoles 23 de septiembre (AW) El pasado jueves 17, en la localidad tucumana de Colalao del Valle, cerca de ciento veinte policías, entre cuerpos de infantería y caballería, desalojaron a cuarenta familias pertenecientes al pueblo originario Quilmes. Están acusados de usurpación nada menos que por una mujer de nacionalidad española.



Eran las ocho de la mañana. Algunas de las personas estaban trabajando fuera del predio, otras trabajando dentro, porque, desde que el pueblo decidió otorgarle esa pequeña porción de solo cuatro hectáreas a cuarenta familias, no se han detenido a elaborar adobes para construir viviendas dignas.



Ante el hacinamiento inminente, las y los catorce delegados comunales Quilmes, decidieron el 13 de diciembre de 2008, otorgarles un predio a las afueras de Colalao, el cual se hizo efectivo el día 16. Desde ese mismo momento, una mujer de nacionalidad española, maestra retirada del lugar, aprovechó su estatus, los contactos y la confianza de las gentes, para denunciar por usurpación, a la comunera Viviana Gómez. La cobardía capitalista del egoísmo individualista, llevó a demandar, no a una comunidad, sino a una única individua.



Pero la comunidad es comunidad y asumió la demanda como propia.



Durante este período de nueve meses que lleva el conflicto, las y los comuneros fueron amenazados tres veces de ser desalojados. Recién este jueves se hizo efectivo, mediante una supuesta orden judicial que nadie vio, porque ningún policía mostró.



El juez interviniente es un tal Juan Carlos Peralel, de Documentos y Locaciones de la 3era. Nom. Este letrado, en connivencia con su colega Adolfo Salazar, juez de paz de Colalao, violaron la ley nacional 26160 que impide el desalojo de comunidades indígenas.



Durante el desalojo, un joven de 20 años, llamado Juan Díaz, fue demorado por negarse a ser expulsado de su territorio ancestral.



La tierra, la arenosa tierra minada de piedras y arbustos, se vuelve hostil al momento de sembrarla, y sin ayuda de agua, es inútil. Solo dos modos pueden salvar esa hostilidad: la explotación de mujeres y hombres puestos a labrar, o el trabajo comunitario. No son solo dos maneras de trabajo, son dos criterios, dos modelos antagónicos. Uno de saqueo, otro de respeto.



La complicidad del poder judicial, ejecutivo y policial, con este desalojo muestran su decisión unánime de apoyar el modelo de saqueo. Dieron cabida a la denuncia presentada por Encarnación Rodríguez de Colombo, y despilfarraron dinero en movilizar policías de las localidades de Amaicha del Valle, Tafi del Valle, Famaillá y San Miguel. Es decir, uniformados que viajaron más de 200 kilómetros para derribar las viviendas apoyados por la empresa constructora Neucom. El negocio cierra para los defensores del saqueo, como en tiempos en que Bussi inflaba el presupuesto en la lucha contrarrevolucionaria.



Pero no contentos con la presencia invasiva de la policía, una patrulla de Gendarmería Nacional, a cargo de los oficiales Markiewicz y Gabrunski, a amenazar al cacique Francisco Chaine de llevarlo detenido y abrirle una causa penal si acaso se les ocurría cortar la ruta.




"Coincidencias" entre comillas



En nueve meses de conflicto entre la asociación Aráoz Hermanos, presidida por Encarnación Rodríguez de Colombo y el pueblo Quilmes, los originarios recibieron tres amenazas de desalojo, la cual se hizo efectiva recién el pasado jueves 17. Ese mismo día, se estaba desarrolando la segunda jornada del 9° Campamento Latinoamericano de Jóvenes organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la localidad salteña de San Luis Chuscha, a 50 kilómetros del lugar del desalojo.

El mensaje no es directo, pero es. Menos de una semana atrás, la policía santiagueña desalojó a familias pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MoCaSe VC), llevándose detenidos a tres campesinos. La acusación, la misma: usurpación... etcétera. El MoCaSe VC, en una de las organizaciones que gestó el campamento de jóvenes.

Avisados del desalojo, un grupo de asistentes al campamento se dirigió hacia Colalao para apoyar a los y las desalojadas. Al día siguiente, viernes 18, cerca de las 6:40 am, a las puertas de la comunidad San Luis Chuscha, la hilera de micros que salía hacia la ciudad de Salta para realizar una marcha por la soberanía alimentaria (entre otras consignas), fue detenida por una camioneta policial. En un breve intercambio de palabras con miembros del campamento, un policía preguntó puntualmente, si en la caravana iba gente de Quilmes.




Intereses económicos



La comunidad denuncia que detrás del bochornoso accionar policial y judicial, hay el interés económico del valor de la tierra con vistas al negocio inmoviliario y/o, a la instalación de una finca de vid.



En la zona, cuyo referente es la ciudad salteña de Cafayate, el negocio de los viñedos crece a pasos apresurados. El desmonte para la instalación, y la desviación de aguas para el riego de las fincas, son prácticas cada vez más seguidas y groseras. En ese tren de sembrar la tierra con monocultivos, los empresarios buscan cualquier excusa para expulsar campesinos e indígenas de sus tierras.

Pero la resistencia organizada dice presente, y la tierra va encontrando un bálsamo entre tanta desidia que la atormenta.





Alejandro Haddad

Agencia Walsh